MADRID, 15 de febrero de 2025 – Sumar defenderá esta semana en el Pleno del Congreso una proposición no de ley que busca endurecer la normativa sobre los préstamos rápidos en España, así como ampliar el ámbito de aplicación de los créditos regulados, eliminando el límite de 200 euros que actualmente existe.
Este grupo plurinacional alerta que en los últimos años ha proliferado el número de empresas que ofrecen créditos de pequeños importes, que van desde 50 hasta 1.000 euros. Asimismo, destaca que estas compañías pueden llegar a imponer intereses de hasta el 4.000%, 5.000% e incluso 59.000 TAE, lo que, junto a la falta de transparencia en la concesión de préstamos, lleva a los prestatarios a «espirales de pagos imposibles».
Félix Alonso, diputado de En Comú, quien lidera esta propuesta, advierte que la normativa española actual no reserva actividad para la concesión de créditos, lo que significa que estas empresas no son supervisadas por el Banco de España y no existen registros de estas entidades.
La Justicia No Puede Hacer Mucho
Esta situación provoca que, ante posibles abusos, los clientes no tengan una vía clara para demandar, ya que en algunos casos, las empresas, al no estar registradas, disuelven la sociedad y desaparecen. Algunos tribunales, menciona la propuesta, afirman que no hay una normativa clara ni un parámetro objetivo para calificar un crédito como usurario, y el supervisor no hace referencia a estos productos.
En este contexto, y considerando la Directiva Europea de 2023 sobre contratos de crédito al consumo, Sumar defenderá en el Pleno de la Cámara y apoyará las medidas necesarias para regular los préstamos rápidos, eliminando su carácter abusivo y garantizando los derechos de los consumidores.
Para lograr este objetivo, el grupo propone una serie de medidas en su proposición no de ley. En primer lugar, instan a establecer criterios para definir qué se considera un préstamo abusivo, así como a impulsar medidas para evitar costos de crédito excesivos o usurarios como los que han sufrido algunos consumidores.
Exigir Prácticas Respetuosas con el Consumidor
También se propone establecer un procedimiento de registro y supervisión de todos los prestamistas de crédito al consumo, de modo que solo aquellas empresas que demuestren la solvencia adecuada y mantengan prácticas respetuosas con el consumidor puedan operar.
Otras propuestas incluyen exigir modelos contractuales para estos créditos que ofrezcan estándares adecuados para el consumidor, someter a las empresas de créditos al consumo y préstamos rápidos al control y supervisión del Banco de España, y prohibir la publicidad de los préstamos rápidos que resalte la facilidad de obtención sin mencionar otros aspectos como su costo.
Por último, Sumar insiste en la necesidad de articular, junto a las demás administraciones, un estudio que utilice los medios adecuados, incluida la inteligencia artificial, para detectar anuncios y posibles abusos y fraudes de los prestamistas, y en caso necesario, sancionar o iniciar una denuncia penal.
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