Archivo – La vicepresidenta de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, en una comparecencia ante la prensa. – VALENTINE ZELER / EUROPEAN COMMISSION – Archivo
BRUSELAS, 29
La Comisión Europea ha aprobado este miércoles un nuevo marco temporal de ayudas de Estado para permitir a los gobiernos de la UE compensar el impacto económico de la crisis en Oriente Próximo. Las medidas incluyen subvenciones de hasta el 70 % de los sobrecostes energéticos y de materias primas en sectores como la agricultura, el transporte y la pesca.
Este instrumento, denominado Marco Temporal de Ayudas Estatales por la Crisis en Oriente Próximo, estará en vigor hasta el 31 de diciembre de este año. Su objetivo es dar respuesta inmediata al aumento de los precios de la electricidad, el gas y algunos insumos, que, según explica el Ejecutivo comunitario, está presionando los costes de producción y amenazando la viabilidad de numerosas actividades económicas.
Teresa Ribera defendió en rueda de prensa que «el impacto en nuestros ciudadanos y empresas exige respuestas inmediatas, que deben ser proporcionadas y proactivas». La vicepresidenta también subrayó que el marco permite apoyar a las empresas más afectadas «preservando al mismo tiempo la igualdad de condiciones en el mercado único».
Las medidas se orientan especialmente a sectores con fuerte exposición a estos incrementos, como la producción agrícola, que se ve afectada por el encarecimiento de los fertilizantes, el transporte por carretera, ferrocarril y marítimo, y la pesca. La Comisión advierte que el aumento de los gastos operativos puede comprometer directamente la continuidad de la actividad.
Sin embargo, la aviación no figura entre los sectores incluidos en este régimen. Según aclara el Ejecutivo comunitario, el impacto de la subida de precios en este sector no es comparable al de otras actividades, en parte porque muchas aerolíneas cuentan con coberturas de combustible a corto plazo. Además, Bruselas considera que la aviación dispone de instrumentos específicos para hacer frente a posibles disrupciones, como la posibilidad de imponer obligaciones de servicio público en rutas esenciales para garantizar la conectividad.
En la práctica, las ayudas permitirán a los Estados compensar parte de la subida registrada desde el inicio de la crisis. Este incremento se calculará en función de la diferencia entre los precios actuales y los niveles previos, y estará limitado a un porcentaje del consumo de cada empresa.
Bruselas introduce también una opción simplificada para acceder a las subvenciones, que permitirá a los países calcular los importes en función de criterios como el tamaño y el tipo de actividad de las empresas, así como estimaciones generales del uso de combustible en el sector. Esto reemplaza la exigencia de que cada beneficiario presente pruebas detalladas de su consumo real, limitando el montante a un máximo de 50.000 euros por beneficiario.
A partir de esa cantidad, sin embargo, la Comisión sí exigirá que las ayudas se justifiquen en función de los costes efectivamente soportados, asegurando que la compensación no supere el 70 % de dicho incremento.
MAYOR FLEXIBILIDAD PARA LA INDUSTRIA ELECTROINTENSIVA
El nuevo marco introduce ajustes en las normas de ayudas ya existentes para permitir un mayor apoyo a las industrias intensivas en energía. En particular, se eleva del 50 % al 70 % la intensidad máxima de ayuda para compensar los costes eléctricos en determinados sectores. Estas medidas podrán cubrir hasta el 50 % del consumo eléctrico de las empresas beneficiarias, sin exigir compromisos adicionales de descarbonización durante la vigencia del instrumento, con el objetivo de aliviar la presión a corto plazo.
La normativa también permitirá, de forma temporal, que algunas industrias electrointensivas acumulen este tipo de ayudas con compensaciones por los costes indirectos del régimen europeo de derechos de emisión, una combinación que, hasta ahora, se mantenía separada en los distintos marcos de apoyo. Ribera enfatizó que «buscamos el equilibrio entre el apoyo a corto plazo y la transformación a largo plazo», insistiendo en que estas medidas buscan ayudar a la industria a «superar el impacto inmediato» sin desviar la trayectoria de descarbonización.
RIESGO PARA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LAS CADENAS DE SUMINISTRO
La iniciativa, según el Ejecutivo comunitario, responde a la escalada de precios energéticos provocada por la inestabilidad en Oriente Próximo desde el pasado mes de febrero, que ha disparado los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes, generando una fuerte volatilidad en los mercados.
De acuerdo con su análisis, los precios del gas han llegado a aumentar cerca de un 85 % y los del petróleo más de un 50 % en las primeras semanas de la crisis, afectando directamente la electricidad y los sectores con alta dependencia energética.
Este encarecimiento, unido a las disrupciones en las cadenas de suministro, está presionando la rentabilidad de sectores como el transporte o la pesca, donde el gasto en carburante representa una parte importante de la actividad. En el caso del transporte por carretera, los márgenes suelen situarse entre el 2 % y el 3 %, y la subida del precio del diésel puede incrementar los gastos operativos en más de un 7 %, empujando a muchas empresas a pérdidas. En la pesca, el precio del carburante ya supera el umbral de rentabilidad de una buena parte de la flota europea, lo que podría traducirse en la paralización de actividades si se mantienen los niveles actuales.
TRAMITACIÓN EN CUestión DE SEMANAS
Las ayudas deberán ser notificadas a la Comisión para su aprobación, en un proceso que puede alargarse hasta dos meses una vez presentada la información completa. Sin embargo, Bruselas espera poder «agilizar» su tramitación, como en crisis anteriores, y dar luz verde en cuestión de semanas.
Una vez autorizados los programas, serán los Estados miembro los encargados de implementarlos a través de esquemas nacionales, sin necesidad de una notificación individual por cada empresa. Además, gestionarán la selección de beneficiarios y el desembolso de los fondos.
El marco contempla también la posibilidad de conceder anticipos, obligando a verificar posteriormente que se cumplen las condiciones y, en caso necesario, recuperar los importes indebidos.
El Ejecutivo comunitario subraya que estas medidas son temporales y complementarias a las reglas habituales de ayudas de Estado. Al mismo tiempo, reitera que la transición energética sigue siendo la solución estructural para reducir la vulnerabilidad de la economía europea ante crisis externas. «La respuesta estructural pasa por reflexionar sobre cómo podemos acelerar la seguridad energética mediante una transición rápida hacia soluciones propias, limpias y asequibles», concluyó Ribera.
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