Los acreedores internacionales afectados por los recortes retroactivos a las primas de las energías renovables, aprobados anteriormente por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, han iniciado procesos legales para embargar bienes del Reino de España en Estados Unidos. Según fuentes jurídicas, tras una serie de resoluciones favorables en distintas jurisdicciones, esta ofensiva legal ha entrado en una nueva fase, impulsada por recientes victorias ante los Tribunales Supremos de Singapur y el Reino Unido, y también avanza en Estados Unidos. El exitoso registro de hasta siete laudos y su reconocimiento como sentencias plenamente ejecutables permite explorar mecanismos destinados a identificar, localizar y eventualmente embargar activos del Estado español.
Hasta ahora, se han logrado resoluciones favorables en siete casos: 9REN (44 millones de euros), Cube (40,2 millones de euros), Watkins (79,5 millones de euros), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones de euros), RREEF (74 millones de euros), InfraRed (35 millones de euros) y NextEra (290,6 millones de euros). En total, la deuda acumulada con estas empresas asciende a 688,4 millones de euros, cifra que sigue aumentando debido a los intereses de demora.
Todos estos litigios fueron tratados por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia. Tras ejercer sus derechos ante la justicia, los acreedores han solicitado autorización judicial para registrar los laudos en otros distritos federales, incluyendo el Distrito Sur de Nueva York, donde se presumen activos susceptibles de embargo. El objetivo principal es facilitar la ejecución de medidas para compensar a las empresas que continúan sufriendo pérdidas por el incumplimiento de obligaciones por parte del Estado español.
En esta nueva fase, se han iniciado procedimientos formales de descubrimiento de activos y se han emitido requerimientos judiciales dirigidos a diversas entidades privadas que prestan servicios al Reino de España, así como a organismos públicos relacionados con el Estado. Estas acciones buscan identificar relaciones contractuales, flujos de pago, cuentas bancarias y otros activos localizados en jurisdicciones estadounidenses que podrían ser objeto de embargo.
Los requerimientos se han centrado en instituciones financieras, empresas participadas por el Estado español y entidades públicas con presencia en Estados Unidos, así como en sociedades involucradas en la participación del país en el Mundial de Fútbol de 2026. El fin de estas diligencias es determinar si hay bienes o derechos del Estado español en EE. UU. que puedan ser ejecutados, un procedimiento habitual en ejecuciones internacionales cuando un deudor ignora un laudo arbitral ya reconocido por tribunales competentes.
Avances en otros países
Además, las iniciativas de ejecución por parte de los acreedores internacionales también están progresando en otros países de Europa y la región Asia-Pacífico, como Bélgica y Singapur. En Bélgica, los tribunales han autorizado varios procedimientos de embargo relacionados con el impago del laudo en el caso OperaFund, lo que ha resultado en el bloqueo de 482 millones de euros en flujos de pago que Eurocontrol, el organismo europeo de navegación aérea, debía transferir a Enaire, su contraparte española.
Por su parte, el Tribunal Supremo del Reino Unido emitió recientemente una dura sentencia que desestima los últimos argumentos presentados por España, cerrando de una vez la disputa del caso Infrastructure Services, que implica una indemnización pendiente de 101 millones de euros, a la que se deben sumar casi 27 millones en concepto de intereses de demora.
En Asia, el Tribunal Superior de Singapur registró en febrero el laudo correspondiente al caso NextEra, reconociendo formalmente una deuda de 290 millones de euros del Estado español con la compañía estadounidense. Además, en agosto de 2025, el Tribunal Federal de Australia ordenó la ejecución de cuatro laudos —RREEF, 9REN, Watkins y NextEra—, con un valor conjunto de 469 millones de euros.
A mediados de marzo de 2026, la deuda acumulada del Reino de España con sus acreedores asciende a más de 2.302 millones de euros, de los cuales 1.754,7 millones corresponden a indemnizaciones pendientes de pago y 538,3 millones a costes judiciales y financieros asociados con los procedimientos de ejecución.
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